El Gobierno antisocial del PSOE ha seguido en la senda de los recortes, esta vez aprobando en el Consejo de Ministros una propuesta de Decreto-Ley que reforma los mecanismos de Negociación Colectiva; y optando por someterse a la línea adoptada por la patronal durante el diálogo con CCOO y UGT. Los derechos de los trabajadores y trabajadoras se verán afectados una vez más, y así también el futuro de la juventud, que será más gris si no hacemos nada para evitarlo.
Todo esto se produce después de meses de una negociación fallida entre sindicatos y patronal. El diálogo se quebrantó debido al giro de tuerca dado por la CEOE en sus propuestas, que volvió en el último momento a sus proposiciones de máximos para forzar la intervención del Gobierno, conscientes de que así muchos de los puntos que no serían aceptados por los sindicatos se podrían ver llevados a la práctica.
Este Decreto-Ley desmantela gran parte de los métodos que han usado durante años los trabajadores y trabajadoras y sus representantes para frenar el avance de la voracidad empresarial contra los salarios y la estabilidad en el puesto de trabajo. Esta medida ataca frontalmente a los sindicatos y favorece a los empresarios y a las organizaciones patronales, que ahora se encontrarán en una posición de superioridad para modificar las condiciones de trabajo de sus empleados y empleadas, elevando así su grado de explotación y por lo tanto aumentando los beneficios económicos que obtendrán unos pocos a costa de la mayoría.
Al suavizar las condiciones por las cuales una empresa puede descolgarse de un convenio de sector, se produce un mayor desnivel de salarios (a la baja) entre personas que realizan el mismo trabajo, y debilita la fuerza que pueden ejercer los trabajadores al hacer primar el convenio de la empresa sobre los convenios sectoriales. Se profundiza también en la llamada "flexibilidad", lo que en realidad significa la posibilidad que tendrán los empresarios de modificar más fácilmente los salarios, los horarios, el lugar de trabajo, el puesto desempeñado,... lo que supone una mayor inestabilidad para los trabajadores y trabajadoras.
Además, otro de los aspectos más graves de esta reforma es la legalización del "despido preventivo", que hace que una empresa pueda reducir plantilla si tiene perspectivas de tener pérdidas, pagando a sus empleados y empleadas una indemnización mínima. Esta medida fue eliminada de la reforma laboral del 2010, pero el Gobierno ha cedido ante las presiones de los capitalistas, ya que en la práctica esto hace que puedan despedir indiscriminadamente con un gasto ínfimo.
Por todas estas razones desde la UJCE rechazamos categóricamente la imposición de estas medidas, que se enmarcan en un contexto de recortes a escala mundial y que solamente se podrán ver frenadas mediante la lucha y la movilización organizada y consciente de la juventud y la clase trabajadora.
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